Publicado en Revista Voz y Voto
julio-09
A quince días de la jornada electoral el IFE se encuentra listo para recibir los votos de los 77 millones 481 mil 874 ciudadanos que cuentan con credencial para votar con fotografía y están inscritos en la lista nominal de electores. Luego de nueve meses de intenso trabajo de organización, el IFE está preparado, una vez más, para garantizar la instalación e integración de las más de 139,000 casillas que funcionarán el próximo 5 de julio.
A diferencia de otros comicios intermedios, las elecciones de este año adquieren un particular significado en la vigencia y desarrollo de nuestro régimen democrático. Después de una elección presidencial que originó modificaciones constitucionales y legales, nuevas condiciones de equidad en la competencia electoral y la reducción del costo de las campañas, los mexicanos tendremos nuevamente la ocasión de asistir a las urnas y ejercer un derecho que nos ha ido colocando paulatinamente en una situación de normalidad democrática.
Votar con libertad en las elecciones es una conquista y una decisión que hemos salvaguardado a través de mecanismos que ofrecen seguridad en la identidad de los electores, imparcialidad en la designación de los ciudadanos que reciben los votos en la jornada electoral y oportunidad en la difusión de los resultados que reflejan la voluntad ciudadana. Hoy difícilmente el voto puede concebirse como un derecho reservado a sectores de población específicos, o como una libertad que dependa de saber leer y escribir, o de la capacidad económica de las personas.
Por el contrario, asistir regularmente a las urnas nos ha permitido edificar con responsabilidad un tipo de democracia representativa, propiciar la formación de un sistema de partidos políticos plural y experimentar la alternancia como una vía que posibilita evaluar el desempeño de quienes integran los órganos de gobierno. Con el voto ciudadano e informado, los mexicanos hemos transitado de la unanimidad al pluralismo, de la inmovilidad a la participación, de la opacidad a la transparencia y de la discrecionalidad a la rendición de cuentas.
Votar en las elecciones constitucionales es una decisión que ha modificado radicalmente la geografía electoral del país. A través de un voto razonado y diferenciado en muchas ocasiones, los ciudadanos mexicanos hemos configurado una institucionalidad democrática que propicia la existencia de gobiernos de diferentes partidos políticos y órganos legislativos plurales. De esta manera, el sufragio ha sido un instrumento eficaz para construir en el tiempo un sistema de pesos y contrapesos que se nutre básicamente de la decisión que expresan los mexicanos en cada elección.
Fue mediante el ejercicio de este derecho que los ciudadanos determinamos en 1997 el fin de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en 2000, la alternancia en la Presidencia de la República. Mientras la primera elección trajo como resultado la formación de una coalición opositora dentro de la Cámara baja y la redistribución de comisiones y recursos en el máximo órgano legislativo del país, la elección presidencial de hace nueve años marcó en la conciencia de todos el alcance que tiene el voto para los cambios políticos de gran envergadura.
Por estas razones, llama la atención la campaña de voto en blanco que recientemente se ha venido discutiendo en la opinión pública. Aunque ha generado posiciones divergentes y argumentos a favor y en contra, conviene hacer una reflexión mesurada sobre las repercusiones que tiene esta manifestación ciudadana dentro de la democracia mexicana.
En primer término, resulta importante señalar que, de acuerdo con la legislación electoral vigente, el voto blanco equivale a un voto nulo. De este modo, en la integración de los órganos de gobierno únicamente cuentan los votos válidos, es decir, aquellos que los ciudadanos emiten a favor de un partido político o candidato de coalición.
Bajo la ley actual, se considera voto nulo cuando la boleta que se deposita en la urna no contiene la marca que registra la preferencia del elector por algún partido político, o cuando la boleta incluye dos marcas sin que exista coalición entre los partidos políticos seleccionados. A partir de estos dos criterios, los votos nulos son contabilizados por los funcionarios de las mesas directivas de casilla y asentados en el acta correspondiente, así como en el acta de cómputo que es levantada por los consejos distritales en el miércoles siguiente a la jornada electoral. Como máxima autoridad electoral, el IFE tiene la obligación de velar por que estos procedimientos se apeguen al principio de legalidad.
Si bien el voto en blanco constituye una expresión democrática que la autoridad electoral debe respetar y registrar en la estadística electoral una vez que finalizan los comicios, es una decisión ciudadana que no incide en la conformación de los órganos de gobierno, ni en el financiamiento público y prerrogativas que reciben los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades.
Anular el voto no resuelve de fondo la inconformidad ciudadana con el sistema de partidos políticos. Más bien, representa una postura que muestra los desafíos que debe afrontar y superar nuestra democracia en los próximos años. De esta manera, el enemigo a vencer no es el voto -que ha generado confianza y certeza a las elecciones-, sino las reglas que impiden desarrollar mecanismos de rendición de cuentas más acabados y a satisfacción de la sociedad mexicana.
Necesitamos que el llamado al voto en blanco se convierta en una oportunidad para refrendar la tolerancia y sensibilidad frente a este tipo de expresiones que nos recuerdan los esfuerzos que todavía debemos emprender para renovar las expectativas de los ciudadanos en nuestra democracia.
Deseamos también que el llamado hecho por el Instituto Federal Electoral a votar el próximo 5 de julio, encuentre la receptividad y la participación que permita consolidar nuestra democracia.
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